En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios públicos están sujetos a una serie de delitos tipificados en el Código Penal. Estos delitos van desde falsedades hasta malversación, y están diseñados para proteger la integridad y el correcto funcionamiento de la Administración Pública.
En este artículo exploraremos 6 delitos de los funcionarios públicos que pueden ser cometidos y las consecuencias legales asociadas a ellos.
Índice de Contenidos
- 1 Falsedades
- 2 Delitos contra la Administración Pública
- 3 Infidelidad en la Custodia de Documentos y Violación de Secretos
- 4 Cohecho y Tráfico de Influencias
- 5 Malversación y Fraudes en la Administración Pública
- 6 Delitos contra la Administración de Justicia y la Constitución
- 7 Resumen delitos de los funcionarios públicos
Falsedades
Dentro de los delitos de falsedades, los funcionarios públicos pueden incurrir en conductas como la falsificación de documentos y certificados. Estos delitos de los funcionarios públicos están tipificados en los artículos 390, 391, 394 y 398 del Código Penal. La falsificación de documentos puede incluir desde la creación de documentos falsos hasta la alteración de documentos existentes.
Por otro lado, la falsificación de certificados se refiere a la emisión de certificaciones falsas con poca relevancia en el ámbito jurídico.
Delitos contra la Administración Pública
Los delitos contra la Administración Pública son variados y abarcan diferentes conductas que pueden ser cometidas por los funcionarios públicos. Algunos de estos delitos incluyen la prevaricación, el abandono de destino, la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia y la denegación de auxilio, entre otros.
La prevaricación, tipificada en los artículos 404 y 405 del Código Penal, consiste en que una autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. También se considera prevaricación el nombramiento o la toma de posesión de un cargo público sin que se cumplan los requisitos legales para ello.
El abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos, contemplados en los artículos 407 a 409 del Código Penal, se refieren al acto de abandonar el lugar de trabajo con la intención de no impedir o no perseguir delitos. Esto puede incluir el abandono para no ejecutar las penas correspondientes a los delitos impuestas por la autoridad judicial competente.
Los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, regulados en los artículos 410 a 412 del Código Penal, se producen cuando una autoridad o funcionario público se niega abiertamente a cumplir resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior. La denegación de auxilio, por otro lado, ocurre cuando el funcionario público no presta el debido auxilio para la Administración de Justicia u otro servicio público, a pesar de haber sido requerido para ello.
Infidelidad en la Custodia de Documentos y Violación de Secretos
La infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos son delitos que pueden ser cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Estos delitos están previstos en los artículos 413 a 415 del Código Penal.
El delito de infidelidad en la custodia de documentos se produce cuando un funcionario público, a sabiendas, sustrae, destruye, inutiliza u oculta documentos cuya custodia le ha sido encomendada por razón de su cargo. Esto puede incluir desde la sustracción de documentos hasta su destrucción o inutilización.
Por otro lado, la violación de secretos se produce cuando un funcionario público revela secretos o informaciones a los que ha tenido acceso por razón de su oficio o cargo y que no deben ser divulgados. Esto puede incluir desde la revelación de secretos de investigación hasta la divulgación de información confidencial.
Cohecho y Tráfico de Influencias
El cohecho y el tráfico de influencias son delitos que pueden ser cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Estos delitos están tipificados en los artículos 419 a 422 y 428 del Código Penal.
El cohecho se produce cuando un funcionario público recibe o solicita, directa o indirectamente, dádivas, favores o retribuciones de cualquier clase a cambio de realizar o no realizar actos contrarios a los deberes de su cargo. Esto puede incluir desde recibir sobornos hasta aceptar ofrecimientos o promesas para actuar de manera indebida.
El tráfico de influencias, por otro lado, ocurre cuando un funcionario público influye en otro funcionario o autoridad para obtener una resolución favorable para sí mismo o para terceros. Esto puede incluir el uso indebido de la posición jerárquica o el aprovechamiento de la relación personal con otros funcionarios para obtener beneficios económicos.
Malversación y Fraudes en la Administración Pública
La malversación y los fraudes en la Administración Pública son delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Estos delitos están previstos en los artículos 432 a 438 bis del Código Penal.
La malversación se produce cuando un funcionario público, con ánimo de lucro, se apropia o permite que otro se apropie del patrimonio público que tiene a su cargo. Esto puede incluir desde la apropiación indebida de fondos públicos hasta el uso personal de bienes y recursos del Estado.
Por otro lado, los fraudes y exacciones ilegales se producen cuando un funcionario público utiliza su cargo para defraudar a un ente público. Esto puede incluir desde la manipulación de contratos públicos hasta la exigencia de pagos ilegales a cambio de servicios.
Delitos contra la Administración de Justicia y la Constitución
Además de los delitos contra la Administración Pública, los funcionarios públicos también pueden cometer delitos contra la Administración de Justicia y la Constitución. Estos delitos están tipificados en los artículos 446 a 471 bis del Código Penal.
Los delitos contra la Administración de Justicia incluyen la prevaricación, la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional. La prevaricación se produce cuando un juez o magistrado dicta una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. La obstrucción a la justicia ocurre cuando un funcionario judicial no comparece sin justa causa en un proceso criminal con reo en prisión provisional, haciendo que se suspenda el juicio oral. La deslealtad profesional se produce cuando un funcionario de justicia revela actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial.
Los delitos contra la Constitución incluyen delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales, como la libertad individual, la inviolabilidad domiciliaria y la violación de otros derechos individuales. Estos delitos están tipificados en los artículos 529 a 542 del Código Penal.
Resumen delitos de los funcionarios públicos
En resumen, los funcionarios públicos pueden cometer una amplia variedad de delitos en el ejercicio de sus cargos. Desde falsedades hasta malversación, estos delitos están diseñados para proteger la integridad y el correcto funcionamiento de la Administración Pública.
Es importante que los funcionarios públicos actúen de manera ética y cumplan con sus responsabilidades para evitar incurrir en conductas delictivas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
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