Los seguros vinculados a créditos bancarios que incluyan cuestiones sobre salud no pueden vincular a asegurados si se rellenan automáticamente. Así lo ha estimado una sentencia dictada recientemente por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis, que obliga a la compañía Caser a pagar 32.279,14 euros a una asegurada de esta localidad que fue incapaz de asumir las cuotas de dos créditos solicitados por haberle sido declarada una incapacidad absoluta.
Aunque las pólizas fueron firmadas en los años 2008 y 2010 y la asegurada padecía la enfermedad determinante de su capacidad desde el año 1996, la compañía de seguros no pudo acreditar la realización efectiva de preguntas sobre la dolencia que aparecen en el cuestionario previo a la suscripción de las polizas, porque éstos aparecen informáticamente cubiertos “y no ha sido posible recibir declaración a la persona que comercializó los préstamos suscritos por el demandante”.
Inversión de carga de la prueba
Según señala Rubén Conles, abogado de Laterna (despacho que se encargó de defender a la parte demandante), la sentencia deja claro que “un asegurado no puede quedar vinculado por un cuestionario que no fue rellenado por él” en el marco de un contrato auspiciado por una entidad bancaria y no por la propia asegurada. “La firma de este contrato no es más que un paso dentro del proceso de concertación del préstamo”, estima Conles, “y el test de salud no fue cubierto por la asegurada, sino de manera informática por el personal de la entidad bancaria”.
“Aunque en el test de salud consta la firma de la asegurada, este documento se le dio a firmar junto con toda la documentación del préstamos y, al tener nuestra clienta la condición de consumidora argumentamos la inversión de carga de la prueba: es la aseguradora la que tiene que probar que se le hizo efectivamente el test a la clienta y no ésta la que tiene que probar que no se le realizaron preguntas del test de salud”.
